Gracias a la gestión estratégica de VPP Law Firm, quedó oficialmente activado el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, tras la validación institucional del formulario de petición y la certificación del padrón electoral.
La aprobación del documento marca un hito jurídico y político en el condado, al poner en marcha un mecanismo constitucional que no se activaba desde hace más de quince años. Este avance fue posible gracias al diseño, ejecución y supervisión legal llevados a cabo por el equipo de VPP Law Firm, que representa al comunicador y activista Alexander Otaola.
La firma asumió la preparación integral del expediente legal y su presentación ante las autoridades competentes, superando obstáculos procesales y garantizando el estricto cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente. Como resultado, el Secretario del Tribunal y Contralor del Condado, Juan Fernandez-Barquin, aprobó el formulario de petición, mientras que la Supervisora de Elecciones, Alina Garcia, certificó oficialmente el número de electores registrados.
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Con estas validaciones, se activa el plazo legal de 120 días para recolectar más de 65,000 firmas válidas, equivalentes al 4 % del padrón electoral del condado, dando inicio a una etapa decisiva del proceso.
“Este paso confirma no solo la vigencia del derecho constitucional de los ciudadanos a solicitar una revocatoria, sino también la necesidad de una ejecución jurídica precisa, estratégica y bien fundamentada”, afirmó Leslie Perez Perez, abogada de VPP Law Firm.
Por su parte, Lisbet Velazquez, también abogada de la firma, subrayó: “Nuestro compromiso fue asegurar que la participación ciudadana no quedara bloqueada por tecnicismos ni dilaciones institucionales. Hoy, el proceso avanza con un respaldo legal sólido y transparente”.
Con la certificación oficial en vigor, se abre una fase crucial que pondrá a prueba tanto la capacidad de movilización ciudadana como el papel del derecho bien aplicado como herramienta legítima de cambio político.
Por León Fernández
